Para una constitución legítima, una constituyente con poder

Por: Guillermo Serpa

Necesitamos una Constitución legítima, producto de una consulta popular nacional. La Constitución actual es producto de maniobras políticas, que la invalidan jurídicamente. Fujimori la impulsó para legalizar su autogolpe del 5 de abril del ‘92 y adecuar las leyes para entregar mejor el país a las transnacionales, en el marco del neoliberalismo expuesto en el Consenso de Washington, en 1988.

Con la Constitución fujimorista, el Estado renuncia a toda iniciativa de gestión empresarial, incluyendo las de servicios y privatiza sus bienes a precio de ganga. Privilegia a la empresa extranjera, a la que entrega además del suelo y el subsuelo para ser depredados, los servicios del trabajador peruano, sin derecho a estabilidad laboral, al horario de 8 horas, a un salario digno, y a otros beneficios sociales, alcanzados en décadas de luchas heroicas y perdidos en menos de un decenio.

Y cuando cayó el gobierno de Fujimori por la fuerza de la movilización social y asfixiado por los miasmas de su propia corrupción, él y sus principales colaboradores fueron al banquillo y se hundieron en la cárcel. Sin embargo, en ese marco, la Constitución fujimorista, después de 19 años, se mantiene en su asta, como una bandera.

Se explica por que Paniagua no quiso tocar nada del régimen neoliberal; Toledo, si bien enfrentó a la dictadura, era más liberal que Fujimori; y Alan García es más entreguista y liberal que Toledo. Todos, amarrados con los empresarios de adentro y de afuera, con los Clinton y con los Bush… Traen sus ministros de economía del Banco Mundial o el Fondo Monetario, y cuando cumplen “ su tarea” vuelven ascendidos a las mismas instituciones del Imperio.

La Constitución del ’79 era mejor, comparándola con la del ’93. En su momento volver a ella hubiera sido progresivo, pero el APRA no quiso. Fue el resultado de las grandes luchas contra el régimen retrógrado de Morales Bermúdez, que se vio obligado, antes de irse, a convocar a una Constituyente para asegurar el traspaso del poder a un régimen de democracia formal. Esta Constitución dice en su Preámbulo, “DECIDIDOS a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores”.manifiesta su decisión de fundar un Estado democrático con “periódica consulta”, al pueblo; se propone lograr “la participación de todos en el disfrute de la riqueza” , afirma “la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y de afirmar su independencia contra todo imperialismo” Y en el Artículo 42, dice a la letra, “El Estado reconoce el trabajo como fuente principal de riqueza”. Todo esto que es rescatable desaparece en la Constitución de Fujimori, que hoy rige. Y para el gobierno, la fuente de la riqueza y no es el trabajo, sino la transnacional.

La constitución del 93 pone el énfasis en la libertad de contratación de las empresas y en las seguridades jurídicas que les dará el Estado peruano. En el artículo 62 dice: “La libertad de contrata garantiza que las partes según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionarán por la vía arbitral (…) Mediante contratos-ley, el estado puede otorgar garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente…”

Estas pocas citas explican por qué el Apra, aunque condujo y firmó la Constitución del 79, ahora no coincide con ella, sino con la fujimorista del 93. El PPC, el fujimorismo, el APRA, el toledismo se hermanan en la Constitución del 93, y la defenderán con uñas y dientes, porque mediante ella, ensamblan con los intereses de los empresarios de la CONFIEP y con las transnacionales de Norteamérica y Europa. Que empresas como Doe Run emplomen la sangre de los habitantes de Cerro de Pasco, ¡Qué importa, ! Qué importa que Telefónica cobre y haga lo que quiera. El Estado peruano les otorga garantías y seguridades constitucionales. Frente a los derechos humanos y a los laborales consagrados universalmente, prevalece la Seguridad Juridica de la Constitución del 93, ahora fuji-aprista.

Ya en el gobierno de Toledo se inició una campaña por una Constituyente soberana que generara una nueva Constitución, y termine con la nefasta del 93. Tenía como oxígeno la creciente crítica al neoliberalismo por su fracaso económico. En el Congreso, los partidos, entre ellos el APRA, para ganar tiempo y evitar la consulta popular para una Constituyente, iniciaron la Reforma de la Constitución, a cargo de la “Comisión de Constitución,,,! jefaturada por Henry Pease, que produjo, el 5 de abril de 2002, un Anteproyecto de Ley de reforma de la Constitución, “para el debate”… en las calendas griegas.

La escena política latinoamericana ha actualizado, una vez más, el tema de la Asamblea Constituyente, a partir de la consulta al pueblo, que iba a hacer el presidente Zelaya de Honduras. Generó un golpe militar, repudiado universalmente. Pero la causa del golpe, indica donde le duele más a los empresarios y a los ricos. Aquí, no aceptemos más dilaciones con iniciativas de Reforma de la Constitución en el Congreso. El APRA ni los otros partidos quieren cambiar nada de lo fundamental. Solo nos llevarían, con leguleyadas y maniobras congresales, a perder tiempo, a mantener la Constitución de Fujimori, y a debilitar, sin remedio, una clara bandera de lucha del nacionalismo. Ahora podemos ganar. Es necesario retomar y propagandizar, con renovada fuerza, la consigna de Asamblea Constituyente en el Partido Nacionalista y que esa consigna, democrática y necesaria, se levante en la voz, en los carteles y en los puños, acompañando al pueblo movilizado.